Mientras el año pasado marcó varios récords negativos para el medio ambiente a nivel global, en Chile avanzaron varias normativas positivas para el entorno.

El 2023 marcó las mayores temperaturas desde 1850, registró las mayores cantidades de CO2, y más de 100 eventos meteorológicos extremos impactaron negativamente en las personas, el medio ambiente y la economía. Sin embargo, no todos los hitos medioambientales fueron negativos; el año pasado en Chile avanzaron una serie de normativas que vale la pena destacar. Aquí una selección:

1. La Ley para la Naturaleza crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

Tras más de una década en el Congreso, se promulgó la Ley para la Naturaleza (Ley 21.600), que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Este organismo permitirá avanzar de forma centralizada en el cuidado de las áreas protegidas del país, con el principal objetivo de enfrentar la pérdida de biodiversidad.

En Chile, la mitad de los ecosistemas y dos tercios de las especies se encuentran amenazadas en su supervivencia, según el Ministerio del Medio Ambiente. En este sentido, la conservación de la biodiversidad supone una acción fundamental para la mitigación y adaptación al cambio climático.

2. Entra en vigencia la Ley REP

Disminuir la generación de residuos es fundamental, y también lo es asegurar que los residuos se mantengan en la economía por el mayor tiempo posible. A esto apunta la Ley 20.920, más conocida como Ley REP, a partir del fomento del reciclaje.

Durante el 2023 entró en vigencia para los residuos de Envases y Embalajes, y Neumáticos, y de forma gradual se implementará para el resto de los productos prioritarios: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, y baterías.
Esta normativa hace responsable a los productores e importadores de la organización y el financiamiento de la gestión de los residuos de sus productos. Para esto, la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile (SMA) es la institución encargada de fiscalizar y sancionar en el caso de infracciones.

3. El “ecocidio” es Ley en Chile

La Ley 21.595, sobre delitos económicos, regula de forma inédita en el mundo la protección del medio ambiente a través de la incorporación de artículos al Código Penal. Así, considera como ilícitos y contra el orden económico aquellos delitos ambientales que se comentan en “beneficio de la empresa”.

Lo anterior se refiere a lo que internacionalmente se conoce como “ecocidio”, y que ahora se suma a delitos contra el mercado de valores, malversación de fondos, cohecho, y delitos bancarios y tributarios, entre otros.

Entre los delitos ambientales que arriesgan penas de hasta diez años de cárcel -antes dispersos en otros cuerpos legales-, se encuentran verter sustancias contaminantes en aguas o suelos; extraer aguas continentales o componentes del suelo o subsuelo; y liberar sustancias contaminantes al aire; entre otros.

4. Avanza el proyecto que previene y sanciona el greenwashing

Durante el 2023 se presentó el proyecto de ley que busca prevenir y sancionar el lavado verde de imagen o greenwashing, el cual en enero de 2024 -tras 20 meses de espera-, pasó a segundo trámite constitucional en el Congreso.

El proyecto apunta a que las organizaciones que realicen publicidades sobre prácticas sustentables respecto de su marca, productos o servicios, deben entregar información completa, veraz, verificable, comprensible y precisa. Tampoco podrán omitir antecedentes relevantes que puedan inducir al error.

La moción supone un gran avance en consideración de que en el mundo existen distintas entidades y organizaciones dedicadas a la regulación de esta práctica.

Orgánicos

5. A la espera de la Ley de residuos orgánicos

Uno de los principales efectos de los residuos orgánicos es que en basurales o vertederos generan metano, un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. En Chile, un 58% de los residuos sólidos municipales corresponde a orgánicos, y de esta cantidad apenas se valoriza el 1%, según el Ministerio del Medio Ambiente.

Ante este panorama, el proyecto de ley de residuos orgánicos busca reducir la cantidad de residuos que se eliminan, incentivando la disminución de su generación, y fomentando su valorización a través de la instauración de obligaciones.

Tal y como la Ley REP, plantea una implementación gradual: primero, propone una separación de los residuos en su origen. Luego, comenzará a implementar la recolección para restos de poda, jardín y ferias libres; en una segunda etapa se extenderá a residuos generados por centros comerciales, eventos y estadios; seguirá con hoteles, restaurantes y cafeterías; y por último, se expandirá a los hogares.

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