El estudio “Radiografía de los residuos domiciliarios en Chile”, realizado por Kyklos en conjunto a la Asociación Chilena de Municipalidades, nos revela una verdad incómoda: el sistema de disposición de residuos en Chile está obsoleto y colapsado. El 20% de la basura se deposita en rellenos sanitarios que ya cumplieron su vida útil, y otro 21% lo hará en los próximos cinco años. Detrás de esta crisis hay un problema muy evitable y que no hemos sido capaces de abordar: una regulación rígida y obsoleta que impide avanzar hacia soluciones modernas.

Hoy, aprobar un relleno sanitario en Chile toma en promedio 12 años. Un plazo absurdo frente a una crisis que ya golpea a regiones como Coquimbo, Los Ríos y Magallanes, obligadas a enviar el 100% de sus residuos a relleno o vertederos vencidos. La regulación, diseñada para otra época, resulta casi imposible de cumplir. En lugar de facilitar la instalación de infraestructuras que el país necesita, se ha convertido en un laberinto que paraliza proyectos y condena a los municipios a gastar el 73% de su presupuesto en trasladar basura cientos de kilómetros. Estamos frente al preciso ejemplo de “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Y no se ve a nadie tratando de resolver esto.

Lo más incomprensible, es que no hemos sido capaces de impulsar una política seria para tratar los residuos orgánicos, que representan casi el 50% de lo que generamos. Allí están las soluciones más evidentes: compostaje, biogás, fertilizantes naturales. Iniciativas que no sólo reducirían drásticamente la presión sobre los rellenos sanitarios, sino que también generarían beneficios económicos y ambientales tangibles.

¿Qué estamos esperando para actualizar esta normativa? ¿Seguiremos dependiendo del Ministerio de Salud para aprobar cada recinto, cuando lo lógico sería que este proceso pasará al ámbito del medio ambiente, la economía, la producción y la generación de valor? Persistir en un marco legal arcaico no sólo posterga la solución: profundiza la crisis. La basura se acumula, el tiempo se agota, y la pregunta sigue abierta: ¿vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo con este tema completamente apolítico? o ¿seguiremos haciéndonos los tontos con este tema y contaminando nuestro maravilloso país?

Este semestre nos encontramos en pleno proceso de discusión para actualizar el decreto de Envases y Embalajes de la Ley REP. La expectativa es que esta revisión permita simplificar y liberar una normativa que hoy funciona más como un chaleco de fuerza que como un motor de impulso para la industria del reciclaje, un sector que de por sí enfrenta grandes dificultades para ser rentable.