En abril de 2018 fue promulgada la Ley N°21.015 de inclusión laboral en Chile, y pese a que ha sido un paso importante para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para todas las personas, aún hay deficiencias estructurales que aparecen como urgentes.
Según datos del informe publicado por Fundación Con Trabajo
Por otro lado, el número de contratos terminados ha ido en aumento, llegando a representar el 53% del total registrado. De ahí la importancia de desarrollar la modalidad de empleo protegido o con apoyo, donde el trabajador participa regularmente de operaciones de mercado, pero en paralelo se entregan desarrollo personal y social que permiten una adecuada integración. En el Centro Inclusivo de Reciclaje (CIR) de Kyklos, por ejemplo, una terapeuta ocupacional acompaña a las personas con discapacidad, orientándolas y ofreciéndoles apoyos clave en su desempeño.
Además de eso, también actúa como apoyo de la empresa para que los trabajadores neurotípicos puedan adaptarse, promoviendo una cultura inclusiva en toda la organización. Desde el 2022 la ley de inclusión exige a las empresas de más de 100 trabajadores no sólo un 1% de participación de personas con discapacidad, sino también un Gestor de Inclusión que pueda cumplir estas labores de apoyo y adaptación. De allí la importancia de entender que estas medidas operan de forma complementaria para que la inclusión sea realmente sostenible y que las empresas puedan aplicarlas a tiempo.
Las más graves apuntan a la sostenibilidad de los puestos laborales creados. A febrero de 2023, sólo el 47.3% (52.533) de contratos de personas con discapacidad bajo la Ley N°21.015 se encontraba vigente, lo que indica una tendencia a la baja en los contratos activos respecto a los 111.000 contratos registrados desde la entrada en vigencia de la normativa.
Como suele suceder las desigualdades no se dan solas y otro de los pendientes es la equidad de género Desde la entrada en vigencia de la Ley N°21.015 la participación de mujeres con discapacidad representa solo el 36% del total de la fuerza laboral de PcD, esto pese a que la población femenina con discapacidad es casi 9% más que la de hombres a nivel nacional. Y además existe una marcada brecha de género en las remuneraciones, ya que las mujeres con discapacidad perciben un 8,3% menos de sueldo que los hombres con discapacidad.
Otro punto urgente a resolver es la declaración de empresas ya que un 77,2% de las empresas no reporta sus resultados. Apenas el 22,8% (3.607) de las organizaciones del sector privado informó sus medidas de cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral, esto dentro de un universo de 15.791 empresas que tienen la obligación legal, según cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII). La falta de proactividad de las empresas para dar cuenta de su cumplimiento, inhabilita mecanismos de trazabilidad para hacer seguimiento a esta política pública y poder robustecerla, perjudicando el avance del país en esta dirección. Y perjudicando directamente al mismo sector productivo, ya que se hace imposible entender las dificultades que, sin duda, atraviesan las propias empresas para dar cumplimiento a la ley.
Asociado con el punto anterior está el tema de la integración de datos para focalizar políticas públicas, ya que a nivel país disponemos de pocos datos sistematizados que permitan caracterizar a las personas con discapacidad para así elaborar y focalizar políticas públicas. Esta realidad es un componente del fenómeno de invisibilización que sufren las personas con discapacidad en Chile.
1 de cada 6 adultos chilenos tiene algún tipo de discapacidad
En Chile 1 de cada 6 adultos chilenos tiene algún tipo de discapacidad y el 25% de ellos además vive en situación de pobreza. La tasa de empleo de personas con discapacidad es menor al 30% , lo que tiene un costo social enorme porque hay talentos y capacidades diferentes que se pierden.
Finalmente, es clave comunicar y visibilizar las barreras de contexto a nivel sistema, estos son factores que obstaculizan la participación y el desarrollo de las personas. Las PcD son el mayor colectivo en situación de vulnerabilidad, por lo que es fundamental sensibilizar a la sociedad en general sobre la importancia de la inclusión laboral y eliminar los estigmas y prejuicios que aún existen.
La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características de la persona y las características de la sociedad en la que vive. De allí que todos tenemos una responsabilidad para que nuestro sistema actúe como facilitador para la realización de las actividades de la vida diaria en diferentes escenarios. La clave es la responsabilidad compartida que tenemos para encontrar el espacio que cada persona necesita para explotar sus propias habilidades y talentos.
Es prioridad de todos, empresas, gobierno y sociedad en general, trabajar juntos para garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. A cinco años de la Ley N°21.015 aún queda mucho por hacer para asegurar que la inclusión laboral sea una realidad en el país, y aquí hay cinco puntos que podemos atender con urgencia para avanzar.
