Hablar de sostenibilidad ya no es suficiente: hoy la clave es medir con evidencia. No por nada inversionistas y stakeholders exigen métricas claras, comparables y con respaldo real. Sin embargo, tanto a nivel global como en Chile, los reportes muestran una brecha importante entre lo que se declara y lo que efectivamente se demuestra.

El informe “Behind ESG Ratings, Unpacking Sustainability Metrics” de la OCDE para el G20 advierte que los ratings ESG presentan falencias relacionadas con métricas desiguales, diferencias metodológicas y un exceso de declaraciones de intención más que de resultados.

A nivel local, el tercer informe anual de GovernART (que analiza 29 memorias de empresas del IPSA bajo las normas CMF N°461 y 519) evidencia algo similar: se cumple con los mínimos regulatorios, alcanzando un 81% de completitud, pero la calidad de la información cae a un 52%, debido principalmente a la prudencia frente a nuevas regulaciones como la Ley de Delitos Económicos y la Ley Karin.

En Chile, la calidad cayó 4 puntos porcentuales respecto al año anterior. Según la OCDE, un 68% de las métricas se enfocan en políticas y planes declarados, pero solo un 30% mide resultados y apenas un 17% corresponde a métricas cuantitativas verificables.

El informe de GovernART muestra que la gobernanza es la dimensión con mayor brecha: 32 puntos de diferencia entre calidad y completitud. A nivel global, la disparidad metodológica es evidente: un proveedor puede usar 113 métricas para evaluar un gobierno corporativo, mientras otro apenas 4. Esto no solo genera confusión, sino que puede afectar la credibilidad de los ratings y la capacidad de los inversionistas de tomar decisiones informadas.

La OCDE subraya que los inversionistas confían en los datos ESG para evaluar riesgos, oportunidades y orientar capital hacia actividades sostenibles. Pero si la información no es comparable ni significativa, esa confianza se erosiona.

En definitiva, la sostenibilidad no se mide por la cantidad de páginas ni por un check list de métricas, sino por la capacidad de demostrar impacto real, con transparencia y evidencia verificable.

Aquí es donde los proyectos de triple impacto (ambiental, social y económico) se vuelven estratégicos: no solo generan cambios concretos en las comunidades y el entorno, sino que además permiten a las organizaciones reportar con datos tangibles. Iniciativas de este tipo conectan los objetivos corporativos con indicadores verificables, facilitando la trazabilidad y elevando la calidad de la reportabilidad.

Al integrar proyectos de triple impacto en la estrategia, las empresas pueden pasar de declaraciones de intención a métricas medibles y auditables, cerrando la brecha entre cumplimiento y credibilidad.

Si tu organización quiere avanzar en reportabilidad con calidad y evidencia, agenda una reunión con nosotros aquí.