Un envase de plástico de comida puede tardar más de 500 años en degradarse, según datos del Ministerio del Medio Ambiente y mientras esto ocurre el problema sigue creciendo, de acuerdo con las Naciones Unidas, cerca de 11 millones de toneladas de plástico ingresan al océano cada año, con una proyección alarmante: para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar.

Frente a este escenario, Chile dio un paso decisivo con la Ley N° 21.368, conocida como Ley de Plásticos y Productos de un Solo Uso (Ley PUSU), cuyo objetivo es reducir la generación de residuos mediante tres ejes clave: limitar la entrega de productos de un solo uso, incorporar plástico reciclado en botellas desechables y fomentar los envases retornables.

La ley ya no es una promesa futura. Desde 2022 y 2023, varias obligaciones están plenamente vigentes: la prohibición de poliestireno expandido y artículos plásticos de un solo uso, la venta obligatoria de bebidas en botellas retornables y, desde el 1 de enero de 2025, la exigencia de que las botellas desechables incorporen al menos un 15% de plástico reciclado, porcentaje que seguirá aumentando progresivamente.

Pero el verdadero punto de inflexión llega ahora. Desde febrero de 2026, entran en vigencia nuevas exigencias que impactan directamente a supermercados, restaurantes y comercios de alimentos:

• Al menos 30% de las vitrinas de bebestibles deberán ser de botellas retornables.
• Se prohíbe la entrega de productos de un solo uso cuando el consumo es dentro del local.
• Para consumo fuera del establecimiento, solo se permiten desechables valorizables no plásticos o plásticos certificados, y otros productos sólo a solicitud expresa del cliente.

Implementación práctica: revisar procesos, adecuar operaciones, asegurar trazabilidad y contar con respaldo técnico dejó de ser opcional.

A esto se suma un cambio clave en el control y fiscalización. El 7 de enero de 2026 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 30, que aprueba el reglamento de la Ley PUSU y deja completamente cerrado el marco normativo. Este reglamento define obligaciones técnicas, certificaciones exigidas por el Ministerio del Medio Ambiente, uso de plásticos compostables con recursos renovables, incorporación de códigos QR en botellas y, sobre todo, las consecuencias jurídicas del incumplimiento, tanto a corto como a largo plazo.

Hoy el desafío ya no es entender la ley, sino implementarla correctamente y a tiempo. Revisar procesos, adecuar operaciones, asegurar trazabilidad y contar con respaldo técnico dejó de ser opcional.

En Kyklos, a través de nuestro Centro Inclusivo R (CIR) acompañamos a empresas de toda la cadena en este proceso: diagnóstico, adecuación normativa, gestión de residuos, certificaciones y operación en terreno. Febrero llegó, junto con las fiscalizaciones que ya tienen base reglamentaria.

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