Ya ha pasado agua bajo el puente de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), promulgada en 2016, y este mes de junio de 2025, como un nuevo hito dentro de esta normativa de gestión de residuos, se espera que el Ministerio del Medio Ambiente presente ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático el Decreto Supremo que establecerá las normativas y metas obligatorias de recolección y valorización para las Pilas y los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (P+AEE).

Esta categoría de residuos presenta grandes desafíos. Primero, según un estudio del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, el 94% de la población reconoce estar poco o nada informada sobre esta ley. Segundo, de acuerdo a The Global E-waste Monitor 2024 International Telecommunication Union, Chile es el tercer país de Latinoamérica que genera más RAEEs, con 230 millones de Kg anuales de los cuales solo se estarían gestionando 7,3 millones de kg al año. Tercero y no menor, es que el reciclaje de estos aparatos es complejo debido a su diversidad y a la presencia de componentes peligrosos como plomo y mercurio.

El tercer punto ha sido uno de los mayores retos en la elaboración del decreto, y es que no es lo mismo gestionar un celular que un refrigerador, además hay una gran cantidad de productos que pertenecen a esta categoría.

A esto se suma que, al tratarse de los llamados “residuos peligrosos”, es fundamental contar con personal capacitado para su identificación y tratamiento. Si no hay una disposición adecuada de los componentes peligrosos se puede generar un impacto negativo mayor en el medio ambiente.

Es fundamental que no volvamos a cometer el mismo error que se cometió con los decretos de Envases y Embalajes, al tratar de regular cada aspecto de la cadena de recuperación, limitando la especialización e innovación, dejando sin libertad de acción a los actores de la industria, trabando por completo el mercado actual. Si no dejamos que la industria de recuperación tenga libertad para innovar y desarrollar modelos de negocios sostenibles, no se producen las transformaciones que se necesitan para el éxito de esta política. 

Actualmente, en la categoría de Envases y Embalajes, existen problemas significativos para cumplir las metas, a causa de la rigidez de los decretos. Esta rigidez afecta los modelos de recuperación que ya gestionaban gran parte de los materiales reciclables, que deben ser adecuados para cada tipo de material. La implementación efectiva de la Ley REP para P+AEE demandará una diversidad de modelos de recuperación, que difícilmente pueden quedar todos definidos en una normativa. Dar libertad es fundamental para que se desarrollen y crezcan los actores de la industria.

El desafío logístico, tecnológico y cultural es grande. Algunas empresas ya se han anticipado. La iniciativa TRAEE, impulsada por la Cámara de Comercio de Santiago, ha reconocido los esfuerzos de productores por adelantarse a la ley. Aprendamos de la experiencia de los actores que actualmente están recolectando, segregando, valorizando para diseñar una normativa que les permita seguir expandiendo sus negocios, innovando, haciendo crecer el mercado de la recuperación en nuestro país y disminuyendo las tasas de materiales reciclables que terminan en rellenos sanitarios.