Desde su entrada en vigencia en 2018 la norma ha tenido un bajo cumplimiento en el sector público y privado , por lo que autoridades buscan reforzarla y subir de 1% a 2% el porcentaje mínimo de personas con discapacidad contratadas en empresas e instituciones.
Durante agosto la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó las disposiciones del proyecto de inclusión laboral que busca fortalecer la ley 21.015 ya vigente. Entre los avances incorporados está el aumentar el porcentaje obligatorio – del 1% al 2%- de cupos para personas con discapacidad en unidades laborales con más de 100 trabajadores. En paralelo, a través de un proyecto de acuerdo, el Senado instó a adoptar una serie de medidas para fortalecer la fiscalización, con el fin de asegurar el cumplimiento efectivo de la ley. En la misma línea proponen que se establezca un plan estratégico para incrementar las fiscalizaciones durante el próximo año fiscal, el que debería considerar la asignación de recursos adicionales, la implementación de medidas de capacitación y el fortalecimiento de la colaboración con otros organismos competentes. Las iniciativas surgen luego de que el Ministerio de Desarrollo Social afirmara que la norma ha tenido una baja aplicación, tanto en el mundo privado como en el público.
Los estudios también señalan debilidades en la aplicación de la ley, las que apuntan principalmente a la falta de declaración de sus metas por parte de la empresas y a la baja sostenibilidad de los puestos laborales creados. Según datos del informe publicado por Fundación Con Trabajo, a febrero de 2023, sólo el 47.3% (52.533) de contratos de personas con discapacidad bajo la Ley N°21.015 se encontraba vigente, lo que indica una fuerte caída en los contratos activos, mientras que los contratos terminados alcanzan el 53% del total registrado.
El ejemplo del Centro Inclusivo de Reciclaje de Kyklos
Conscientes del desafío que significa para las organizaciones transitar el camino hacia la inclusión, desde Kyklos y el ejemplo del Centro Inclusivo de Reciclaje (CIR) buscan apoyar a otras instituciones y empresas en el cumplimiento de la normativa con acompañamiento especializado. En septiembre el CIR alcanzó un récord: 40% de su equipo son personas con discapacidad. El hito de contar con 11 PcD contratadas como especialistas en valorización se cumple luego de más de 4 años funcionando como un centro de empleo protegido, que brinda oportunidades de trabajo, capacitación y acompañamiento a personas con discapacidad cognitiva. El concepto de empleo protegido es algo no desarrollado en Chile en empresas reguladas, ya que requiere apoyo personalizado y supervisión directa de especialistas. En el caso del CIR cuentan con una terapeuta ocupacional jornada completa, además de estudiantes en práctica, que supervisan las tareas de valorización y brindan el acompañamiento necesario.
El concepto de discapacidad habla de las dificultades de una persona sumado a las barreras que pone el ambiente, por lo que la capacitación a colaboradores sin discapacidad que trabajan en el mismo equipo resulta indispensable para promover una cultura inclusiva en toda la organización. La clave es la responsabilidad compartida al momento de encontrar el espacio que cada persona necesita para explotar sus propias habilidades y talentos. Así lo confirma Lex Illanes, Jefe de Bodega a cargo del equipo de valorización del CIR compuesto por 11 personas neurodivergentes y con discapacidad cognitiva. “El trabajar con un equipo diverso y heterogéneo ha sido una experiencia de descubrimiento de mis propias capacidades, al principio tenía miedo de cómo hablarles o relacionarme y ahora veo que, como con cualquier persona, se trata de observar y entender las formas de cada uno. Es un aprendizaje día a día el poder apoyarlos y guiarlos para que puedan ser autónomos”.
La dificultad de las empresas para cumplir la normativa demuestra la importancia de desarrollar esta modalidad de empleo protegido, donde se entregan herramientas de desarrollo personal y social que permiten una adecuada integración al promover también la adaptación de trabajadores neurotípicos o sin discapacidad. Kyklos y el Centro Inclusivo de Reciclaje (CIR) han recorrido el camino y hoy buscan apoyar a otros en el cumplimiento de la Ley de Inclusión. Por medio de asesorías realizan un diagnóstico que identifica oportunidades para la Inclusión y Economía Circular, a través del servicio de reciclaje inclusivo que es ejecutado por un equipo especialista con capacidades de Ingeniería, Educación, Terapia Ocupacional, Diseño, Arquitectura y Logística; y que integra a personas con discapacidad como especialistas en valorización.
La vinculación laboral a través de este tipo de alianzas para desarrollar proyectos inclusivos permite preparar a las empresas y hacer efectivos y sostenibles los requerimientos de la Ley N°21.015 para asegurar que la inclusión laboral sea una realidad país.
