En junio del 2025, y luego de cuatro años de tramitación, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático dio luz verde al Decreto Supremo que establece metas de recolección y valorización a los productos prioritarios Pilas y Aparatos Eléctricos y Electrónicos (P+RAEE), todo esto dentro del contexto de la Ley REP.

La medida busca enfrentar el desafío de que cada persona que vive en Chile produce casi 10 kilos de RAEE al año, lo que se traduce en cerca de 215.000 toneladas anuales en el país que en su mayoría terminan en la basura, a pesar de su gran potencial de valorización, y razón por la cual tanto las pilas como los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos fueron definidos como prioritarios en la normativa, por el volumen de residuos que generan.

El Decreto estaba a la espera de su publicación en el Diario Oficial, para que pudiera comenzar con su implementación. Sin embargo, lo que parecía un avance en el impulso de la economía circular del país tuvo un giro en marzo cuando el Ministerio del Medio Ambiente decidió retirar de Contraloría el Decreto Supremo.

Posteriormente, durante el mismo mes, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, confirmó el reingreso del decreto a la Contraloría General de la República, señalando que su retiro respondió a la necesidad de revisarlo de manera acuciosa, con el fin de evitar errores o incompatibilidades con otros cuerpos legales vigentes que pudieran dificultar su futura implementación

Aunque se trata de una pausa en el proceso, y más allá de las razones técnicas o administrativas detrás de la decisión, lo cierto es que este tipo de aplazamientos abre una tensión que no es menor: la idea de revisar en profundidad y la urgencia de avanzar.

Por un lado, es fundamental que una normativa de este nivel tenga bases sólidas, sea implementable y tenga en cuenta las distintas realidades del país considerando que la Ley REP implica cambios estructurales en la forma en que producimos, consumimos y gestionamos los residuos. Sin duda que su correcta implementación es clave para asegurar resultados.

Pero, por otro lado, postergar también trae consecuencias. Retrasa decisiones, genera incertidumbre en los actores que ya se estaban preparando (como empresas, sistemas de gestión, gestores y municipios), pero por sobre todo dilata los impactos positivos que estas regulaciones buscan generar tanto a nivel ambiental como social.

Cada año sin implementación es una oportunidad perdida para valorizar residuos, reducir impactos y fortalecer un sistema que aún está en pleno desarrollo. Chile ha dado pasos importantes en el impulso de la economía circular para la gestión de residuos. Sin embargo, el verdadero desafío está en su implementación, ya que no basta con contar con buenas leyes si éstas no logran traducirse en cambios concretos.